La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles de la empresa, que había anunciado que abandonaba sus operaciones en el país.
La Justicia del régimen de Nicolás Maduro le ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación” de Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela) y dispuso que para ellos se valga del uso de la fuerza si fuera necesario, al convocar el “auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
El martes pasado, el gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T anunció el cierre de su negocio de televisión DIRECTV por no poder cumplir al mismo tiempo los requisitos del régimen chavista y las sanciones impuestas por Washington al país latinoamericano.
“Las sanciones del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de DIRECTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela”, señaló la compañía.
Hubo una respuesta burlona de Maduro, que dijo luego que la televisión abierta “se puso de moda”, mientras sonreía en un discurso transmitido por la televisión estatal. Vuelven “las antenas, los ganchos de ropa, los alambres y todo el mundo en señal abierta. Nos estamos viendo chévere (excelente)”, dijo.
Fue la previa de la medida judicial que su gobierno impuso a través de su pata judicial: “La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo y acordó la medida cautelar innominada solicitada por los ciudadanos Israel Marín Martínez y William Fuentes, actuando en su carácter de miembros y voceros del comité de usurarios y usuarias denominado Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos Comunicaciones, en consecuencia ordena a la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela) continuar de manera inmediata con la prestación de servicio de televisión por suscripción”, señala el comunicado publicado este viernes.
Pero además ordenó la ocupación de las oficinas, lo que pone en duda cómo seguirá operando el servicio. En principio, ordenó a Conatel que designe “una Junta Administradora Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela), la cual estará presidida por su Director General, ciudadano Jorge Elieser Márquez Monsalve”.
La decisión del gobierno chavista indica que esta junta “tendrá las más amplias facultades de administración, a fin de garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa”.
Además, apunta contra los directivos de la empresa, a quienes les prohibió la salida del país y les embargó sus bienes: “Se acuerda medida de prohibición de enajenar y gravar de los bienes de los referidos ciudadanos, así como la inmovilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares”.
DirecTV abarcaba 45,32% del mercado de televisión por suscripción en Venezuela, con cerca de 2 millones de clientes, según cifras oficiales. El cese de operaciones afecta a unos 6,5 millones de personas en un país de 30 millones de habitantes, lo que marca el impacto masivo de la decisión.
Según AT&T, la decisión fue tomada por la directiva del grupo en Estados Unidos y en ella no tuvo participación o conocimiento previo del equipo de DIRECTV en Venezuela. Pero para el régimen, los directivos locales son responsables y en la decisión judicial hay una advertencia implítica a otras operadores de TV por cable: “Las medidas cautelares acordadas se harán extensivas a todas aquellas operadoras de televisión por suscripción que de manera intempestiva suspendan la prestación de sus servicios. Se ordenó la remisión de copia certificada del presente fallo al Ministerio Público a fin de que este determine las responsabilidades penales a que hubiere lugar”.
