Panamá requiere una Comisión Internacional contra la Impunidad similar a la que actúa en Guatemala con el apoyo de la ONU, debido a «los constantes vaivenes de la Justicia» local, dijo hoy el exembajador panameño ante la OEA y abogado Guillermo Cochez, que llevará su propuesta al Gobierno.
«Todo el mundo dice que hay un problema» con la Justicia en Panamá, «bueno, yo estoy planteando una solución que ha sido efectiva en otros países», declaró Cochez a Efe en referencia a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Panamá (Cicip).
Reveló que el viernes tiene previsto reunirse con el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, y la próxima semana con el jefe del Parlamento, Rubén De León, en el marco de la promoción de su propuesta, que también llevará a los distintos gremios y a la Iglesia con la aspiración de que «en seis meses» se tenga una decisión al respecto.
El planteamiento de Cochez tiene como base la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que «un fiscal independiente, extranjero, con gran trayectoria designado por la ONU, labora de acuerdo a las leyes penales guatemaltecas, en forma autónoma pero con el apoyo del sistema judicial del país», explicó el exdiplomático.
Cochez reconoció en conversación con Efe que su propuesta de crear una Cicip enfrenta «resistencia» en el gremio de abogados, especialmente porque incluye la actuación de un fiscal extranjero, cuando en este país la abogacía, al igual que varias decenas de profesiones y oficios, solo pueden ser ejercidos por nacionales.
Pero la actuación del fiscal extranjero es «el atributo principal» de una comisión como la Cicig, que dada su «independencia hoy investiga al hijo y al hermano del actual presidente (guatemalteco), Jimmy Morales, sin que nadie pueda decir que hay influencias políticas, como ocurre en Panamá cada vez que se trata de un caso con un nombre importante», argumentó Cochez.
La Justicia panameña ha abierto en los últimos dos años centenares de expedientes por casos de supuesta corrupción contra exfuncionarios del Gobierno pasado, incluido el propio ex jefe de Estado Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que le ha valido acusaciones de subordinación al Ejecutivo de Juan Carlos Varela y de «persecución política».
Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo han negado esas denuncias, muy repetidas por Martinelli, cuya extradición ya pidió el Supremo de Panamá a Estados Unidos, donde radica el exmandatario, por un caso de escuchas ilegales, una de las al menos seis causas penales abiertas en su contra.
En un escrito enviado a Efe, el exembajador panameño ante la Organización de Estados Americanos (OEA) argumenta que la Justicia local ha cometido una serie de desatinos que la han desacreditado ante la opinión pública, «sobre todo en los casos de alto perfil donde hay políticos de por medio».
Citó como ejemplo la «forma irregular» en la que esta semana fue conducido a la Fiscalía el exmiembro de la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros de Panamá Fernando Correa para ser indagado por un caso de supuesta corrupción en ese organismo de salud.
La conducción de Correa, periodista y actual directivo de la cadena Nextv, propiedad de Martinelli, así como la detención preventiva la semana pasada de otro ejecutivo de esa televisión, el expresidente de la Caja de Ahorros Ricardo Francolini, desataron denuncias sobre supuesto «atentado contra la libertad de expresión» que el Ministerio Público y el propio Gobierno rechazaron.
«Cada cierto tiempo, cada vez con más frecuencia, sale a relucir una noticia que deja muy mal parada a nuestra autoridad judicial y de investigación (…) ¿por qué no buscar una ayuda» como la creación de la Cicip «para un problema que cada día se nos sale más de las manos y afecta la seguridad del país?», expresa Cochez en su escrito.
