Tomado de Infobae
Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera estatal durante la época de Hugo Chávez, apareció sin vida este lunes. Tenía que declarar hoy en el caso sobre la trama de corrupción del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo.
La Audiencia Nacional española investiga la muerte de Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, quien colaboraba con la Justicia en el caso sobre la trama de blanqueo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.
El Tribunal español pidió hoy confirmar la causa de su fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida este domingo en España con signos de un posible suicidio.
Márquez fue hallado ahorcado en una vivienda de Alcobendas (Madrid) tras empezar a colaborar el pasado viernes con el juez que le investigaba dentro de la trama de corrupción.
Según indicaron este lunes a EFE fuentes de la investigación, el cuerpo sin vida de Márquez, de 48 años, fue encontrado ayer domingo, una muerte que ya investiga la Audiencia Nacional española.
En un principio se informó erróneamente de que Márquez había cogido un avión para fugarse a EEUU, ya que el magistrado del caso, Santiago Pedraz, fue informado de que figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo a Chicago y de que las autoridades norteamericanas iban a ordenar su deportación inmediata a España.
Pedraz le había tomado declaración el pasado viernes tras ser detenido y lo dejó en libertad con medidas cautelares ya que había colaborado confesando hechos relacionados con la trama de Morodo, según informaron a EFE fuentes de la investigación.
Estaba citado este lunes para declarar en la Audiencia Nacional, pero no se presentó, por lo que el juez pidió información a la Policía sobre su posible muerte.
Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA, fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales que salpica al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones con Alejo Morodo, hijo del exembajador, por supuestas asesorías.