Estados Unidos acusó el miércoles a Nicolás Maduro de haber exportado ilegalmente al menos 21 toneladas métricas de oro a Turquía en meses recientes, en lo que describió como una nueva estrategia del mandatario venezolano para obtener nuevas fuentes ante el colapso de la industria petrolera.
«Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía en meses recientes, y hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias incursas en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP», dijo Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro.
Al ofrecer una conferencia en Brookings Institution, Billingslea rehusó adelantar si su despacho prepara sanciones enfocadas a las exportaciones auríferas y dijo que su intención es denunciar esta actividad económica y pedir a otros países que presten atención a lo que describió como «saqueo» porque la actividad no tiene el aval de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición.
«Este oro sale del país sin ninguna de las precauciones habituales para garantizar que los fondos son auditados y catalogados debidamente como pertenecientes al pueblo venezolano», indicó.
Es la primera vez que Estados Unidos critica públicamente el gran proyecto minero estatal «Arco Minero» que Maduro lanzó en 2016.
Maduro ha dicho que su gobierno fortalecerá las relaciones con Turquía -y otros países- después de que Washington prohibiera transacciones con bonos emitidos por el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA, e impusiera sanciones a un centenar de funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
¿Por qué las sanciones?
El subsecretario para financiamiento del terrorismo del Departamento de Tesoro, Marshall Bilingslea, dijo en una conferencia en el Instituto Brookings, que las medidas tienen como objetivo “mandar un mensaje claro a aquellos responsables por el sufrimiento de otros”, de que “hay un precio a pagar por abusar de los derechos humanos”.
Bilingslea mencionó que tanto la legislación que sea aprobada en el Congreso, como el apoyo de otros gobiernos y de miembros de la sociedad civil son esenciales a la hora de ejercer presión a nivel internacional contra “estos dictadores”.
Una de las herramientas más importantes que tiene el Departamento del Tesoro a la hora de incrementar la presión financiera sobre estos gobiernos es el Global Magnitisky Accountability Act, una ley que ha permitido sancionar a más de 200 individuos y entidades de Venezuela y Nicaragua.
El Magnitisky Act fue aprobado en 2016, durante la administración de Barack Obama y autoriza al presidente bloquear o revocar las visas de algunos extranjeros, al igual que bloquear las propiedades que tengan en el territorio estadounidense.
El decreto está enfocado a sancionar a individuos en cualquier lugar del mundo que cometan violaciones a los derechos humanos o actos importantes de corrupción. El presidente Donald Trump firmó en diciembre del año pasado una orden ejecutiva en la que reafirmaba el decreto conocido como Global Magnitsky.
Bilingslea calificó a esta ley de una de las “adiciones más importantes” para el Departamento de Tesoro en su lucha contra la “corrupción y la violación de los derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos hechos hasta ahora, el subsecretario dijo Estados Unidos necesita del apoyo de otros países para “presionar” a los gobiernos de Maduro y Ortega. Siguiendo esta línea, Bilinglsea felicitó a las autoridades “mexicanas y colombianas por trabajar” con EE.UU. “para dejarle claro al regimen de Maduro que sus acciones tendrán consecuencias”.
A finales de septiembre, justo antes de que comenzara la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participó el presidente Maduro, EE.UU. emitió las últimas sanciones relacionadas con Venezuela.
Las medidas fueron dirigidas contra Cilia Flores, la esposa del presidente, el vicepresidente y el ministro de Defensa de Venezuela. Como consecuencia, sus activos bajo jurisdicción estadounidense fueron congelados y se les prohibió realizar transacciones financieras con entidades o personas de EE.UU.
Con respecto a Nicaragua, los últimos individuos que fueron sancionados por el Tesoro fueron tres funcionarios del gobierno de Ortega, entre ellos Francisco Javier Díaz, comisionado de la Policía Nacional del país.
