La Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad, señaló que “hay 250% de sobrepoblación” en los centros de arresto del país.
Un estudio que realizó durante el 2017 precisó que “las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como: 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios higiénicos; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico“.
Según lo reseñado por El Cooperante, el abogado y criminólogo Fermín Mármol García indicó que las comandancias policiales y militares no tienen las condiciones para mantener a los presos; son depósitos humanos donde los reos deben permanecer meses o hasta años, aun cuando no deberían exceder las 96 horas”.
Sostuvo que el hacinamiento de detenidos se debe a dos factores: La falta de cupos otorgados por el Ministerio Público y la falta del “kit de mudanza”, el cual esta conformado por una colchoneta, vestimenta y algunos artículos de higiene.
Por su parte, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),denunció que están “súper hacinados” los calabozos de los cuerpos policiales municipales y estadales, así como las comisarías del Cicpc. “Ahora sí han trasladado personas para Tocuyito y otros centros. ¿Por qué no se hizo anteriormente? Venezuela afuera se reconoce por tres cosas: mises, petróleo y el hacinamiento en las cárceles“, expresó.
