Tres miembros de una ONG que habían organizado el traslado de 120 niños venezolanos hacia Perú donde se reencontrarían con sus padres, fueron puestos en libertad el domingo luego que de ser retenidos el viernes en el aeropuerto Simón Bolivar de Maiquetía e impedidos de viajar.
El viaje de los menores fue frustrado por las autoridades que argumentaron que los permisos presentados por los familiares eran “fraudulentos”.
El fiscal de Venezuela, Tarek Saab, dijo que se investiga a la ONG Unión Venezolana en Perú, promotora del viaje, de la que sospechan “delitos de trata de menores” y a la que la acusó de presentar “nueve poderes para otorgar permisos de viaje fraudulentos y dos autorizaciones de viaje falsas emitidas por un consejo de protección irreal”.
Unión Venezolana en Perú denunció en cambio, que las autoridades de Venezuela actuaron «de manera arbitraria y sin justificación legal” y aseguró que todos los niños, cuyos padres dejaron el país por la crisis económica, contaban con sus respectivos permisos paternos para viajar.
Varias de las abuelas que acompañarían a los niños relataron para la Voz de América, su indignación por tal señalamiento.
Marley Flores, quien viajaba con una nieta, dijo con lágrimas en los ojos que tenía la esperanza de volver a su hija en Perú.
Anmarie, abuela de cuatro niños que viajarían a Perú, aseguró que “la mayoría de los niños que iban en este vuelo son niños enfermos, niños con cáncer o con síndrome de Down”.
“Teníamos que viajar por necesidad”, indicó la abuela, porque en Venezuela “no hay medicamentos para estos niños”.
Los tres representantes de la ONG fundada por el dirigente político el exilio Óscar Pérez, fueron imputados por asociación para delinquir, documentos falsos y trata de niños, cargos que sus abogados rechazan tajantemente.
Una de las detenidas fue la esposa de Pérez, Marta Molina. Los otros dos fueron identificados como José Miguel Román y Meudis Bolívar.
