El proceso de cambio a la Carta Magna requeriría, al menos, dos procesos comiciales: uno para la aprobación de la iniciativa y otro para la designación de los redactores del nuevo texto fundamental.
En diciembre de 1999 inició formalmente la llamada «Quinta República», con la aprobación de una nueva Carta Magna promovida por el entonces presidente, Hugo Chávez. Casi 17 años después su sucesor político, Nicolás Maduro, anunció la activación del mecanismo que le permitiría modificarla completamente: una Asamblea Nacional Constituyente.
El texto fundamental indica que su modificación parcial o total puede requerirla la ciudadanía con 15% de electores inscritos en el Registro Electoral (RE), o el Presidente en Consejo de Ministros. La designación de los constituyentistas, al igual que la aprobación del proyecto debe ser sometido a votación popular, secreta y universal.
La inexistencia de la figura de las comunas y la intención de cambiar la principal ley del país es, para la Mesa de la Unidad Democrática, una demostración de que Maduro pretendería quedarse en el poder e impedir venideros comicios. Si bien el procedimiento anunciado por el gobernante es impreciso, la oposición venezolana alzó la voz para denunciar un «fraude» a la Constitución vigente.
El primer mandatario entregó su propuesta a la presidenta del Poder Electoral, rectora Tibisay Lucena. Agregó que con esta acción quiere “sacarse el clavo” de la derrota que sufrió el oficialismo en los comicios legislativos de 2015, cuando sus adversarios obtuvieron la mayoría calificada de las curules.
“Hoy le he entregado el poder al pueblo y el pueblo debe decidir si quiere guerra o quiere paz, el pueblo debe decidir si quiere guarimba o si quiere Constituyente, el pueblo debe decidir si quiere violencia o si quiere Constituyente, ustedes deciden”, expresó.
“Puede durar hasta un año”
El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, indicó que el proceso no es tan expedito como lo asomó Maduro. Consultado por EV Panamá detalló que la Constituyente podría durar hasta un año desde el momento de su anuncio hasta la realización de la consulta.
“En 1999 el proceso inició en febrero y el referendo se celebró en diciembre de ese año”, recordó el funcionario.
“Busca incorporar aspectos rechazados en 2007”
El abogado constitucional Alberto Blanco-Uribe enfatizó que la Constituyente incluye aspectos que estaban en el proyecto de reforma elevado por Chávez en 2007 y rechazado por los venezolanos en referendo.
Precisó que el fundamento legal estaría en los instrumentos del llamado poder popular. Aseguró que el mandatario usurpa funciones porque el artículo 347 de la CRBV solo lo faculta para iniciar el proceso de la ANC, más no para convocarla.
“El poder constituyente originario radica en el pueblo. Es decir, los ciudadanos pueden convocar una Constituyente para iniciar la transformación del Estado a través de la redacción de una nueva Constitución”, explicó.
El también docente universitario aclaró que antes el proceso constituyente se debe celebrar un referendo para su aprobación o rechazo-junto con las bases comiciales- y otra elección que permita escoger a los constituyentistas.
“Escenario de incertidumbre”
Escenario de incertidumbre y agudización del conflicto interno traería en el futuro la Constitución promovida por Maduro. La afirmación le pertenece al abogado Pedro Afonso Del Pino, quien añadió que el problema “no es cambiar de Constitución, sino cumplir la vigente”.
Apuntó que el Gobierno pretende la suspensión de las elecciones locales y regionales “por eso recurre a la Constituyente. No creo que pueda avanzar mucho en esta aventura porque esta iniciativa está siendo condenada nacional e internacionalmente”, enfatizó.
Aseveró que debe producirse una negociación que permita poner fin a la grave crisis política, social y económica que afecta al país. “Es la vía para llegar a una salida pacífica y constitucional”.
Solo el tiempo y el desarrollo de la presión de calle serán determinantes en la continuidad o suspensión de la Constituyente. Sin embargo, el mandatario pareciera estar dispuesto a avanzar en la refundación de la República, sin medir el costo político.
