La abogada Tamara Sujú, promotora de una demanda por torturas presentada contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó hoy su convicción de que ya existen «suficientes pruebas» para que la acción prospere.
«Confío en que todo el material presentado a la CPI en La Haya demostrará que en Venezuela se ejerce desde años un tipo de control social a través de la tortura y el terror», dijo la abogada en una entrevista con Efe durante una visita a Brasil, donde fue recibida por autoridades del Parlamento y el Gobierno de Michel Temer.
Sujú, nacida en Caracas, reside desde 2014 en Praga, donde obtuvo protección diplomática ante las «amenazas» que recibía en su país natal, y dirige el instituto checo de estudios sobre América Latina CASLA, que ha denunciado cientos de casos de tortura supuestamente ocurridos en Venezuela entre 2002 y «las últimas semanas».
Según explicó, las denuncias formuladas ante la Corte de La Haya, que aún no ha decidido si serán aceptadas, aunque pudiera hacerlo este mismo año, se refieren a «61 incidencias» que representan unos 600 casos de torturas por parte de «todos los organismos de seguridad» del Estado venezolano.
Unos 200 de esos casos ocurrieron a partir de 2014 y una veintena de ellos, informados a la corte la semana pasada, se registraron en los últimos 20 días en el marco de las protestas que actualmente sacuden a Venezuela y que han dejado al menos 26 muertos y cerca de 500 heridos.
La abogada afirmó que, por testimonios recogidos en Venezuela, la mayoría de los heridos fue víctima de perdigones de goma, usados por las fuerzas de seguridad y disparados a corta distancia, o de balas utilizadas por los llamados «colectivos», que definió como «grupos paramilitares, civiles sicarios armados por el Gobierno».
Según Sujú, en el marco de esas nuevas protestas, que atribuye al hastío de una población que «empieza a perder el miedo», han sido detenidas unas sesenta personas, con lo que sostiene que «el número de presos políticos» en Venezuela ya supera los 170.
La directora del CASLA explicó que todos esos incidentes han sido remitidos ya al tribunal de La Haya y que en los casos de torturas «se comprueba que no hay diferencias de edad, de sexo ni condición social», pues las víctimas son adolescentes o ancianos, hombres y mujeres y personas de distintas capas de la sociedad.
Sujú sostuvo que la documentación que ha dado lugar a la demanda y la que ha recibido en los últimos días demuestra que la tortura en Venezuela es «sistemática» y que tiene como objetivo desde «obtener información» sobre los opositores, hasta «intimidar» a adversarios del Gobierno o «simplemente castigar» a quienes protestan.
Tanto el presidente Maduro como otros miembros del Gobierno han negado la práctica de torturas, las han vinculado a una supuesta trama internacional contra la «revolución» iniciada por el fallecido Hugo Chávez y han descalificado a los denunciantes.
Sujú, sin embargo, garantiza la veracidad de las denuncias que ha presentado en La Haya, que han sido apoyadas en testimonios de las propias víctimas, muchos de cuyos nombres mantiene en reserva por cuestiones de «seguridad».
El abogado brasileño Fernando Tiburcio, que trabaja en el área de derechos humanos y promocionó la visita de Sujú a Brasil, dijo a Efe que «en la actual coyuntura, las presiones que pueda ejercer toda la comunidad internacional son cruciales» para atajar la violencia en las calles de Venezuela y buscar una solución política al conflicto.
Esa solución, en opinión de Sujú, «es una sola y la gritan los venezolanos que arriesgan sus vidas en las calles: son elecciones libres, generales y que la sociedad se exprese, para sacar al actual Gobierno por medio del voto».
Según Sujú, en Venezuela hay actualmente «un solo grupo armado», que «está en el Gobierno» y es el «único responsable» de la violencia desatada en las protestas y de las violaciones a «todas las convenciones sobre derechos humanos que existen en el mundo».
