El presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno mantiene el discurso de afirmar que el parlamento venezolano que fue electo por el pueblo “carece de legalidad y legitimidad” para remover los magistrados del ente judicial por supuestamente estar en “desacato”.
En este sentido, explicó que el procedimiento está contemplado en la Constitución, pero solo se puede llevar a cabo con la intervención del Poder Ciudadano (la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el defensor Tarek William Saab y el contralor Manuel Galindo).
“No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano”, expresó de acuerdo a lo señalado por Globovisión.
Según el funcionario rojo, para que este procedimiento se haga debe existir un voto favorable con mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento, pero indica que en este momento no cuenta con ese quórum.
A su vez, el Consejo Moral Republicano debe presentar una solicitud para que se aperture y de inicio a una investigación que permita calificar como grave alguna falta de los magistrados. Además, el informe debe ser presentado ante el Poder Legislativo por los tres integrantes del Poder Ciudadano.
Moreno señaló que la Asamblea Nacional debe someterse a lo que establece el texto constitucional, para solucionar la situación de desacato para que sus actos vuelvan a tener legalidad.