El Gobierno de EE.UU. «condenó» este jueves la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de «usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
«Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela», dijo el portavoz en un comunicado.
Toner subrayó que «las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias».
«Pedimos al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos», reiteró el portavoz.
Además, Estados Unidos consideró que, «en lugar de socavar las instituciones democráticas de Venezuela, el Gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana».
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
Este mismo jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tachó de «autogolpe de Estado» la maniobra de la alta corte, y reiteró la necesidad de convocar de manera «urgente» un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.
Almagro solicitó en un informe el 14 de marzo pasado la suspensión de Venezuela del ente si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes, petición ante la que 14 países americanos, entre ellos los más grandes del continente, decidieron exigir al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los «presos políticos» en una declaración conjunta.
Sin embargo, dicho paso ha sido insuficiente para activar el proceso de suspensión del país caribeño solicitado por el secretario general.
Esta misma semana, 20 países de los 35 Estados miembros (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962), en una declaración conjunta se comprometen a concretar una hoja de ruta «en el menor plazo posible» para «apoyar el funcionamiento a la democracia y el respeto al Estado de Derecho» en Venezuela.
