Un grupo de 14 países americanos, entre ellos los más grandes del continente, dieron este jueves un paso al frente al exigir al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los «presos políticos» en una declaración conjunta.
«Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas», reza el texto publicado por las Cancillerías.
El documento, que adelantó Efe, señala que «la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable».
La declaración la firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Este grupo de países se ha visto en la obligación de actuar después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiera en un informe el 14 de marzo la suspensión de Venezuela del ente si no convoca elecciones generales en 30 días.
En el documento, prometen evaluar «con detenimiento» el informe de Almagro «con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización».
Estos países son del llamado «grupo de los 15», como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, cuyo liderazgo se atribuye a México y al que también pertenece Belice, que no se suma en esta ocasión por neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
El canciller mexicano, Luis Videgaray, afirmó este jueves en Acapulco que en Venezuela hay una «violación sistemática» de los valores democráticos y señaló que los 14 países consideran «urgente» que Venezuela atienda las solicitudes de la declaración conjunta.
En el texto, los firmantes se declaran «profundamente preocupados por la situación que atraviesa» Venezuela y afirman su «compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana».
Aunque desde el año pasado admiten, en público y en privado, que están «preocupados» por Venezuela, estos países siempre se han mantenido varios pasos por detrás de Almagro alegando que había que dar una oportunidad a las distintas mediaciones de diálogo entre Gobierno y oposición.
En la declaración de este jueves reiteran su apoyo al «diálogo y la negociación» para solucionar «los problemas» que afronta el pueblo venezolano y por ello hacen «un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de acompañamiento impulsado por los expresidentes y la Santa Sede».
«Y avancen -prosigue- en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas».
Concluyen ofreciéndose a «colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela» para solucionar los «desafíos políticos, económicos y sociales de ese país» y prometen mantenerse «atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar los próximos pasos necesarios».
Con el diálogo en punto muerto y Almagro poniendo sobre la mesa la sanción más alta de la que dispone la OEA, estos países quieren tomar las riendas del asunto, aunque ninguno apoya por el momento llegar a la suspensión.
Dentro de este grupo hay distintas tendencias, desde Paraguay, que ha estado desde el principio a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana (que tiene como última consecuencia la suspensión) hasta Perú y Brasil que, tras sus respectivos cambios de Gobierno, son frontalmente críticos con Venezuela.
Estados Unidos no apoya «por el momento» la suspensión porque prefiere agotar la vía diplomática pero el presidente Donald Trump ha expresado su preocupación sobre la situación en Venezuela desde que llegó a la Casa Blanca y habla del asunto con todos los líderes latinoamericanos con los que conversa por teléfono o en persona.
De estas naciones dependerá la actuación de la OEA en la situación venezolana, porque Almagro, como secretario general, solo puede hacer propuestas, pero quienes deciden son los 34 Estados miembros activos.
A muchos en el «grupo de los 15» ha molestado que el excanciller uruguayo, que lidera la OEA desde mayo de 2015, actuara por su cuenta y los sorprendiera pidiendo la suspensión de Venezuela, para lo que se requieren dos tercios (24) de los 35 Estados que pertenecen a la OEA (Cuba es miembro pero no participa).
