EL NACIONAL
Este jueves, el Palacio Federal Legislativo se convirtió en el escenario de una de las puestas en escena más determinantes de la era post-Maduro. El proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no es solo un documento jurídico, es la pieza maestra de una arquitectura de emergencia diseñada para estabilizar un país que aún no termina de digerir el shock del 3 de enero.
Este proyecto, aprobado en primera discusión, busca un “borrón y cuenta nueva” que abarca 27 años de historia, pero deja grietas legales en temas de corrupción y derechos humanos que sugieren una maniobra de supervivencia ante la comunidad internacional.
El proyecto, sin embargo, debe leerse entre líneas. No es un acto de contrición, sino un movimiento de ajedrez pragmático. El chavismo, mutado en una corporación de sobrevivencia, entiende que para que la “normalidad” sea comprable en el exterior, debe soltar lastre: los cuerpos en las celdas.
Los objetivos: el “maquillaje” de la normalización
El proyecto declara como meta principal sentar las bases para la paz social y superar la conflictividad política acumulada desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Entre sus puntos más ambiciosos destacan:
- Vaciado de celdas: la aplicación inmediata y preferente para quienes están presos por manifestar, opinar en redes sociales o por motivos políticos.
- Limpieza de antecedentes: la obligación de eliminar registros policiales y judiciales de los amnistiados, buscando una reinserción total.
- Reincorporación laboral: el derecho de los empleados públicos despedidos por razones políticas a recuperar sus puestos.
- Garantía de retorno: el levantamiento de alertas de Interpol para permitir el regreso de los exiliados.
