Ante las recientes declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que destaca que la enfermedad COVID-19 podría controlarse en menos de dos años, se hace urgente que orientemos todos nuestros esfuerzos a la reapertura de la actividad económica y social en el país con un riguroso plan de trazabilidad de contagios, y una mayor disciplina y responsabilidad en el autocuidado.
Nuestro país requiere de un plan de reactivación que de manera simultánea permita la subsistencia de las empresas, facilite el emprendimiento y la innovación, genere confianza e incentive nuevamente la inversión privada, para proteger la mayor cantidad de empleos posibles y permitir que los particulares puedan generar su propio sustento sin depender de la ayuda estatal.
Las proyecciones actuales apuntan a un 25% de desempleo para el cierre de 2020, cifra que podría incrementar si no actuamos con celeridad, con criterio y de manera contundente.
En este sentido, expresamos nuestra preocupación sobre algunos temas que, si continúan, generarán efectos negativos irreversibles al país:
• En el Órgano Legislativo hay 10 propuestas de ley que atentan contra la libre empresa y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la atracción de inversiones y la creación de nuevas plazas de trabajo. Sobre el particular, se hace necesario requerir de forma contundente a los diputados que se enfoquen en fomentar un entorno competitivo, legal y atractivo para la inversión, que fortalezca el Estado de Derecho y que permita la reactivación económica en beneficios de sus ciudadanos. De no hacerlo veremos cómo se destruye el tejido democrático y se produce el colapso del sistema productivo nacional.
• Desde el mes de marzo se han presentado más de 9 recursos entre amparos de garantías y demandas de nulidad ante la Corte Suprema, sin que hayan recibido el trámite legal de rigor correspondiente. Por ello como gremio responsable solicitamos al Órgano Judicial cumplir su rol de dirimir los conflictos en forma oportuna, cumpliendo con el principio constitucional de justicia rápida, expedita e ininterrumpida y así poner fin a la gran incertidumbre que se mantiene en el país y que está afectando la operación de las empresas que están tratando de reactivarse.
• Producto de la pandemia y la emergencia, se han emitido un sinnúmero de restricciones a las garantías constitucionales mediante decretos y resoluciones. Transcurridos 5 meses, es inaplazable recuperar el orden constitucional y legal que nos rige como nación para garantizar un estado derecho que mantenga el orden y evite un estallido social que en este momento parece inminente.
Por último, reconocemos que las recientes aperturas y la flexibilización en restricciones de movilidad son pasos importantes hacia la nueva normalidad. Es imprescindible que en el corto plazo se den las aperturas de actividades restringidas, asegurando que los procesos de salud establecidos sean gestionables, transparentes, expeditos y de fácil implementación.
APEDE reitera el compromiso del sector empleador de sumar esfuerzos junto al sector gubernamental y la sociedad civil organizada para contribuir al pronto control de la pandemia y lograr una reactivación segura, que nos permita ver resurgir el país que todos queremos y merecemos.
