La mañana de este lunes 22 de enero, la comisión especial encargada para llevar adelante la investigación de la masacre del El Junquito, presentó a los medios de comunicación el informe preliminar en torno al caso.
El documento se basa en las pruebas recabadas hasta hoy día, «posteriormente presentarán ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) un informe más acabado», según dijo la presidenta de esa comisión, diputada Delsa Solórzano (Unidad Miranda).
La también presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento recalcó que este informe que presentaron es preliminar debido a que la investigación «permanecerá abierta hasta el momento en que hayan sido determinados todos los responsables materiales e intelectuales de los cuales, tal y cual sucedió con la masacre de Barlovento para que tengan un juicio tal cual lo dice la Constitución».
Ratificó la parlamentaria que las actuaciones de la comisión especial se enmarcan en el artículo 187 #3 de la Carta Magna, que establece que todas las probanzas recabadas tienen valor en juicio y el artículo 223 les autoriza a efectuar las investigaciones que consideren conveniente en materia de su competencia.
Las actuaciones serán consignadas oportunamente ante las instancias jurisdiccionales que correspondan dentro y fuera de Venezuela.
La legisladora aclaró que Oscar Pérez y sus acompañantes Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo y una mujer llamada Lisbeth Ramírez, eran venezolanos con plenos derechos.
Se refirió a Andriu Ugarte o Heiker Velázquez a quien se le determinó doble identidad y a Nelson Chirinos como funcionario de las Fuerzas de Acción Especial (Faes).
Destacó que esta masacre dejó 9 fallecidos e insistió en poner a la orden de sus familiares el apoyo de la comisión especial.
«Un funcionario policial no puede ser colectivo y un colectivo no puede ser funcionario policial, ya que si se pertenece a un grupo armado, paralelo a las instituciones del Estado, por lo que hemos requerido a las autoridades correspondientes informen en calidad de qué estaba actuando en este operativo y la verdadera causa de la muerte», explicó Solórzano.
En lo que respecta al tema de la indemnización de los familiares de las víctimas, añadió que en Venezuela existe «la presunción de inocencia. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y aquí no hay ningún terrorista porque, además, a todos los mataron», dijo.
El artículo 30 de la Constitución señala que el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le son imputables a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
«Corresponde al Estado indemnizar a las víctimas y garantizar incluso la manutención de los menores. Elías Pimentel dejó 4 hijos, además de los dejados por Oscar Pérez, y uno de Abraham Agostini, por lo que ya se les ha requerido a los organismos correspondientes que se les garanticen dichas medidas», señaló.
Se ha violentado de manera clara y grave el artículo 34 de la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en su #8, que señala que son atribuciones comunes de todos los cuerpos de policía, resguardar el lugar donde haya ocurrido el hecho punible e impedir que las evidencias, rastros o trazas vinculados al mismo, se alteren o desaparezcan a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes.
«Podemos dar fe de que el lugar del suceso en El Junquito fue completamente destruido, cualquier sujeto que violente la ley es sujeto de cualquier acción, penal, civil o administrativa», explicó Solórzano.
A lo anterior agregó que esta es la misma ley que aprobó el cuerpo de diputados del PSUV y la incumplieron, y que en este nuevo período fue modificada para evitar usurpación de funciones por quienes no están calificados para ejercer el cargo de funcionario policial.
Dio fe de que se pretendió cremar los cuerpos de los 7 masacrados cosa que no se puede hacer cuando están sometidos a investigación penal, «no fueron rumores ni especulaciones», aclaró.
Advirtió la legisladora que esos cuerpos tienen que ser resguardados. «Estaremos atentos para que así sea, para que no ocurran exhumaciones fuera de ley, no profanaciones de tumbas, y que los cuerpos no desaparezcan», aseveró.
También aclaró que los cuerpos masacrados se corresponden con los enterrados. «Si, ¿cómo lo sabemos? por los familiares identificaron sus cuerpos antes del sepelio y durante el proceso», manifestó la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento
La diputada Solórzano condenó que el gobierno haya secuestrado los cuerpos porque nunca se los entregaron a sus familiares y los enterró donde quiso bajo engaño. “Los masacraron, los secuestraron bajo engaño, los vistieron con harapos», afirmó.
En torno al embarazo de Lisbeth Ramírez dijo que en estos momentos «no tienen probanza de ello» por cuanto en una reunión sostenida con el director de la Morgue de Bello Monte eso fue negado.
No obstante, añadió que varios de sus familiares tienen duda de este hecho y señalan que la joven tenía dos meses de retraso menstrual y que presumiblemente estaba embarazada. “Sólo la autopsia puede decir la verdad», dijo.
En ese sentido, la comisión especial está solicitando la autopsia de ley a la dirección de la Morgue de la conformidad con lo que manda la Constitución.
En lo referente a los certificados de defunción, explicó que los 6 varones mueren a causa de disparos en la cabeza, en unos casos múltiples y en otros de disparo único, cosa que infiere un patrón que genera duda de cuándo murieron si cuando recibieron el impacto del RPG o posteriormente fueron ajusticiados. En el caso de la fémina indica que presenta también un disparo en la región cervical.
En cuanto a la comparecencia de los funcionarios públicos citados, indicó que evidentemente no asistieron «lo que evidencia que tienen muchas cosas que ocultar».
Se ofició y se mostraron los oficios con sello de recibido de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, respectivamente, la respuesta «silencio absoluto». Explicó la diputada que se les solicitó la lista de los funcionarios actuantes.
En el caso anterior expresó Solórzano que se ha hecho difícil el acceso a las instalaciones de los organismos al momento de entregar los documentos.
Más allá de los audios incluidos en los protocolos de prueba, no existen evidencias ni denuncias de que en el lugar de los hechos hubiera niños, por lo que los expertos se encuentran minuciosamente analizándolos.
El informe preliminar culmina con la cifra de 31 detenciones arbitrarias, entre familiares directos e indirectos y amigos cercanos de las víctimas.
La diputada Solórzano reveló que hay serias amenazas en contra de varios familiares, amigos cercanos y empleadores de los asesinados, los cuales requieren protección y el Estado está en la obligación de dárselas.
«Ha habido allanamientos de moradas sin orden judicial, hay 2 detenidos de esos 31 de los cuales se desconoce su paradero», explicó
La presidenta de la comisión especial cerró su intervención anunciando que un «sector del oficialismo» les ha manifestado su malestar en torno al hecho.
