La presidenta de la Comisión de Permanente de Política Interior, diputada Delsa Solórzano (Unidad Miranda), informó que quedó instalada la Comisión Especial para llevar a cabo la investigación del caso de masacre de El Junquito.
El suceso ocurrió el lunes 15, en la citada parroquia del Distrito Capital, en una vivienda del sector Araguaney, a la altura del kilómetro 16, en la cual resultaron abatidos por los cuerpos de seguridad del Estado alrededor de 7 ciudadanos presuntamente integrantes de una «célula terrorista», según declaraciones emitidas por el titular del ministerio de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, destituido por la Asamblea Nacional el año pasado.
Tal célula estaría comandada por Oscar Pérez, ex funcionario del CICPC y «prófugo de la justicia», por dirigir un ataque contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde un helicóptero policial a mediados del año pasado y declararse en rebeldía y llamando a la subversión en contra del gobierno nacional.
La comisión especial para el estudio del caso arriba citado está integrada por los diputados Juan Miguel Matheus (Unidad Carabobo), José Luis Pirela (Unidad Zulia), Adriana Pichardo (Unidad Aragua) y Denenis Fernández (Unidad Cojedes).
Se suman al equipo de trabajo las legisladoras Manuela Bolívar, Olivia Losano (Unidad Bolívar), Milagros Eulate (Unidad Vargas) y los parlamentarios César Alonso (Unidad Vargas), Franklin Duarte (Unidad Táchira), Arnoldo Benítez (Unidad Aragua) y Juan Requesens (Unidad Táchira).
El propósito de la investigación es el de esclarecer los hechos en los que resultaron fallecidos, según el parte gubernamental: Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Oscar Pérez y una mujer, debido a que las pruebas que se recopilaron para formar parte del «legado probatorio» dejan al descubierto inconsistencias entre lo declarado por el titular del la cartera de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y los hechos registrados a través de las redes sociales como videos y audios durante el suceso, entre otras irregularidades, que quedaron a la luz pública como la presencia de colectivos formando parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que resultaron caídos.
Cabe destacar, que el hecho ha sido remitido por el gobierno a la jurisdicción militar para su procesamiento y hasta el momento de la redacción de esta nota, los cuerpos no habían sido entregados a los familiares.
La instalación también contó con la presencia de los familiares de las víctimas, entre ellos, Sarai Agostini de Guevara, Sheila Josefina Agostini Palomo (Madre de Abraham), Cynthia Alicia Crespo Romero, Jesica Carolina Agostini y Amaris Alejandra Caraballo Agostini, Rolan Harris y María Agostini, quienes tuvieron un derecho de palabra.
La diputada Solórzano formuló una exigencia al gobierno a que cumplan con lo establecido en la Ley de Regulación y Control de Prestación del Servicio Funerario y de Cementerios «de que entreguen los cuerpos de los asesinados» y que no se cremen porque está prohibido por el citado estamento.
También advirtió, ateniéndose al Código Orgánico Procesal Penal, de que no debieron haberse destruido las viviendas en las que ocurrió el suceso, hacerlo sería incurrir en responsabilidad penal y administrativa por obstrucción a la justicia.
Acciones inmediatas
Se propuso la creación de dos sub comisiones, una que se trasladaría a El Junquito al finalizar la sesión y otra hasta la morgue de Bello Monte, receptora de los cuerpos, acompañando a los familiares para solicitar la entrega inmediata.
Se acordó estructurar y ejecutar un plan de trabajo cuyo fin es la elaboración de un informe pormenorizado del suceso, en un lapso no mayor de 30 días.
El plan de trabajo fue propuesto por el diputado Juan Miguel Matheus, quien según dijo se propone en aras de darle justicia a Venezuela, una verdad, que se encuentren las respuestas institucionales, políticas y sobre todo, ante el poder Judicial sobre las responsabilidades que están implicadas ante la pretensión de Nicolás Maduro de establecer por la vía de los hechos, la pena de muerte y de violentar de la vida republicana, el carácter sagrado de la vida humana, el debido proceso y la presunción de inocencia.
El día jueves 18 de enero se reunirán con los expertos en materia de criminalística, grafotecnia, armamento militar y forense, los mismos que colaboraron con el esclarecimiento del caso de la masacre de Barlovento.
El día viernes recibirán a familiares de las víctimas y demás testigos presentes en la masacre. Ese mismo día, de acuerdo con el artículo 223 de la Constitución, citar a los funcionarios públicos implicados desde las 8:30 am y durante todo el día, entre ellos, el mayor general Néstor Reverol. Oficiar a los organismos que tienen jurisdicción sobre Venezuela en materia de derechos humanos, basándose en el artículo 261 de la Carta Magna.
Asimismo se estableció dentro del plan el acompañamiento moral y psicológico a los familiares de las víctimas.
Solicitar la lista de los heridos y fallecidos al hospital Pérez Carreño y el protocolo de autopsia a la Morgue de Bello Monte.
En el caso del fallecido que formó parte de los «colectivos paramilitares» y a su vez de la PNB, solicitar al cuerpo policial aclare dicha situación irregular.
Oficiar a la Defensoría del Pueblo para tener conocimiento acerca de cuáles mecanismos en materia de defensa de los derechos humanos ha activado.
Oficiar a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República y al Fiscal Superior Militar para indicarle que no es competente para conocer de conformidad con lo establecido con la Constitución.
El diputado Winston Flores, integrante del Parlasur, informó que llevarán este caso ante instancias internacionales como el Mercosur y la diputada Adriana Pichardo reveló que hay más de 6 detenciones, entre ellas 2 mujeres recluidas en Ramo Verde.
La diputada Solórzano denunció que su colega Manuela Bolívar fue agredida por funcionarios militares en una visita anterior a la morgue de Bello Monte donde fue golpeada, y le arrebataron arbitrariamente la cedula de identidad y su credencial que la acredita como parlamentaria.
