La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para Venezuela recomendó este martes al país caribeño que refuerce “la separación poderes y la confianza en la independencia” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cara a futuras elecciones.

Esta es una de las principales recomendaciones del informe de la MOE-UE tras las elecciones locales y regionales celebradas el pasado 21 de noviembre y que presentado en una rueda de prensa virtual desde Bruselas por su jefa, la eurodiputada Isabel Santos, quien dijo desconocer por qué las autoridades venezolanas no respondieron a su solicitud para dar el reporte en Caracas, tal y como estaba previsto.

En su recomendación, también piden “la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral”.

Tal y como recuerda el informe, publicado minutos después de que terminara la comparecencia de Santos, el TSJ anuló los resultados en el estado Barinas, en el que nació el fallecido presidente Hugo Chávez y en el que había ganado el candidato opositor Freddy Superlano.

“Al ordenar la repetición de las elecciones en Barinas para el 9 de enero de 2022, el TSJ interfirió en las competencias del (Consejo Nacional Electoral) CNE. A pesar de ello, el CNE aceptó la decisión del TSJ y convocó las elecciones para la fecha fijada por el TSJ”, reiteraron.

En esa repetición electoral, a la que no pudo acudir Superlano, inhabilitado junto a otros dos antichavistas, al igual que un candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV), la oposición se alzó finalmente con la victoria.

REFORZAR EL CNE

Entre las 23 recomendaciones emitidas por la MOE-UE, la primera misión enviada por el bloque comunitario a Venezuela en quince años, también se incluye “reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones”.

Dichas sanciones deben ir “desde la amonestación, hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña”.

Así como en el informe preliminar, que fue presentado en Caracas el 23 de noviembre, dos días después de las elecciones, la MOE-UE también pidió “equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales”.

Igualmente, “derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura”.

Dicha norma ha sido rechazada por numerosas asociaciones tras ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, un extinto órgano compuesto solo por chavistas que asumió de facto las tareas de un Parlamento dominado, entonces, por la oposición y que nunca elaboró una carta magna, teórica razón para la que fue creada.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó esa ley al calificarla como ambigua y una “coartada” del presidente Nicolás Maduro para acabar con la “debilitada libertad de expresión”.

En este orden, la MOE-UE consideró que las autoridades deben “abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las redes sociales, así como el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas, prácticas que no se ajustan a los estándares internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes venezolanas”.

Todo ello con el fin de que “los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre de inducciones o injerencias de cualquier tipo, incluso en las redes sociales”.

LIBERTAD PARA MOVERSE

Durante la rueda de prensa, Santos comentó que, durante su estancia en Venezuela, los miembros de la misión pudieron visitar todo lo que quisieron “con total libertad de movimientos y libertad de expresión”.

Sin embargo, entre las 23 recomendaciones incluidas en el informe final señala que se deben “establecer procedimientos y responsabilidades claras para el control de entrada a los centros de votación y la verificación de acreditaciones, dirigidas tanto a los coordinadores de centro como a los miembros del Plan República (militares desplegados para los procesos electorales)”, para que los testigos de partidos hagan su labor.

También recomienda que se garantice que los “observadores y representantes de medios de comunicación acreditados tengan acceso a los centros de votación”.

Al ser preguntada acerca de si los comicios locales y regionales de noviembre pasado pueden ser calificados como “libres, equitativos y justos”, una reclamación frecuente del líder opositor Juan Guaidó, Santos respondió que “este tipo de clasificación de elecciones es algo muy reductor”.

Por eso, aclaró que “las organizaciones internacionales verdaderamente no adoptan este tipo de clasificación de las elecciones en los diferentes países”.

“Un acto electoral es algo más complejo que no se puede traducir en tres palabras”, subrayó.

La MOE-UE estuvo en Venezuela desde el 14 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2021 “para realizar una valoración técnica, imparcial e independiente de las elecciones”.

Durante la jornada electoral, desplegó 134 observadores en todos los estados del país.

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