Cualquier empréstito o contrato que suscriba el gobierno de Maduro autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente, no será honrado por Venezuela cuando haya una sustitución del régimen” así lo sentenció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio del cual forma parte el abogado Gustavo Sosa Izaguirre. Este especialista en Docencia Jurídica y Profesor de Derecho Civil, Penal, Principios de Derecho Público, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, ha sido además Secretario General de la Red Nacional de Asamblea de Ciudadanos.  Posee el estatus de asilado otorgado por el gobierno de Panamá desde donde “seguiré trabajando por y para el restablecimiento de la libertad y el estado de derecho en Venezuela”. Aquí en CONVERSACIONES. 

Cuando se juramentaba  en Caracas para conformar el nuevo TSJ, hoy en el exilio, ¿pensó que posteriormente tendría que abandonar el país?

Vistas las amenazas públicas del régimen, días antes de nuestra designación y juramentación, sabíamos que corríamos un riesgo inminente.  Maduro declaró textualmente: “Todos van a ir presos uno por uno y a todos les van a congelar los bienes y las cuentas”, sin embargo asumimos la responsabilidad.

En mi caso lo consideré un deber ciudadano y un compromiso como abogado y profesor de la Universidad de Carabobo que me postuló conjuntamente con el Colegio de Abogados. Al día siguiente de la juramentación al magistrado Ángel Zerpa, le fue ametrallado su carro y detenido por funcionarios de la policía política, SEBIN,  fue recluido en El Helicoide, esposado y confinado a un baño hasta que por razones de salud, fue trasladado a un hospital.  Eso obligó a que algunos de nosotros saliéramos del país y otros nos asilamos en embajadas.  En esos días también fue apresado otro de los magistrados, Jesús Rojas, en Anaco estado Anzoátegui.

¿Se arrepiente de haber tomado la decisión de pertenecer al TSJ nombrado por la Asamblea Nacional?

Abandonar intempestivamente el país producto de la persecución y la violencia es duro pero no me arrepiento. Sigo comprometido con el país y su reinstitucionalidad.

Estamos en el exterior trabajando con muchas limitaciones y dificultades  pero vamos a seguir adelante porque Venezuela vale la pena. 6 magistrados se encuentran en Chile, 8 en Colombia, 4 en Panamá y 12 en Estados Unidos.  Los que estuvimos en la embajada de Panamá tuvimos que esperar un poco más de 2 meses para  que nos otorgara el salvoconducto, a pesar que se nos había otorgado la protección y el asilo.

Para poder abandonar al país estuvieron trabajando la OEA y especialmente su Secretario General, Luis Almagro, así como el gobierno panameño en la cabeza del Presidente Varela, su canciller y el embajador de esa nación en Venezuela.  Salimos vía Colombia, de allí a Panamá donde recibimos el status migratorio y la cédula correspondiente e inmediatamente a Washington donde el 13 de octubre, nos constituimos como TSJ en sede de la OEA.

¿Cómo se conformaron y cómo trabajan a la distancia unos de otros?

Nombramos la Junta Directiva y Presidencias de Sala.  En cada país que nos ha recibido hemos creado sedes itinerantes y utilizamos los recursos que nos ofrece la tecnología.  Gracias a ella trabajamos en video conferencia, analizamos los casos y hemos producido decisiones y lo seguiremos haciendo de esta manera hasta tanto se restablezca el estado de Derecho en Venezuela.  Por primera vez en la historia, existe un TSJ legitimo en el exilio.

La administración de Maduro los ignora y la AN no se hace eco de las decisiones tomadas por ustedes.

Nosotros fuimos nombrados por la AN legítima,  representante de la soberanía popular de manera directa luego de haber presentado nuestras credenciales, junto a 180 aspirantes más, y haber participado en un procedimiento selectivo o concurso de oposición.  Tan reconocidos somos que hay una cantidad de recursos interpuestos por diputados, políticos y ciudadanos venezolanos que nos están presentando recursos en los que estamos trabajando y tomando decisiones apegados exclusivamente a nuestra Carta Magna.

Independientemente de lo que Maduro piense o diga, le repito, que somos el TSJ legal designado por la AN legítima de Venezuela. Ahora bien, la AN no tiene porque estarnos mencionando porque somos un poder independiente y autónomo como deben serlo ellos.  Nosotros no nos involucramos en los asuntos políticos porque como magistrados no debemos hacerlo. La próxima semana tendremos lista nuestra pagina WEB del  Tribunal donde podrán seguir nuestras actuaciones.

¿Cuál es la significación de este TSJ en el exilio, que como usted a dicho, es inédito?

Significa que aunque algunos consideren que las decisiones no pueden ejecutoriarse,  porque  no tenemos un brazo ejecutor en el país, nuestras decisiones van dirigidas fundamentalmente a proteger los derechos humanos de los venezolanos y nuestro brazo ejecutor son, como lo establece los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional, los venezolanos que como expresan  los artículos ya mencionados “todo ciudadano investido o no de autoridad , tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la constitución … fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarié los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

Cuando declaramos en nuestra primera sentencia 001 del 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo hicimos precisamente por ser fraudulenta, por haber violado la consulta al pueblo del 16 de julio que la desconoció mayoritariamente.  Por lo tanto esa ANC es nula y nulos todos los actos que realicen en el ejercicio de facto que perpetren.   Los venezolanos son nuestros ejecutores activándose los mecanismos de participación ciudadana contentivos en el articulo 70 de la Carta Magna y el mundo y organismo internacionales reconocen a éste como el TSJ legal de Venezuela.

¿Cómo se explica entonces que el presidente de la AN legitima se reúna en un país extranjero con la presidente de la ANC fraudulenta e inconstitucional, como usted la califica, para dialogar?

Independientemente de la opinión que me pueda merecer en lo personal esa actuación, el sentarse a dialogar debe entenderse como un derecho que tiene todo ciudadano, como ciudadano, pero no como representante de instituciones fraudulentas ni como representantes de la AN que pueda sentarse a acordar nada  con una institución ilegal e ilegítima; por eso nuestro llamado de atención en la decisión del 30 de noviembre por los recursos interpuestos por  venezolanos ilustres,  en la cual cualquier acuerdo que involucre el  reconocimiento a ANC, o con cualquier institución fraudulenta que por serlo no existe, son nulas, no tienen validez.  De llegarse a algún acuerdo con  la falsa institución en nombre de una institución legítima, comporta una responsabilidad penal y administrativa al respecto.

En esta semana el TSJ en el exilio sentenció la nulidad absoluta del retiro de Venezuela de la OEA ¿se reincorpora Venezuela al sistema interamericano?

Efectivamente.  Es que esa decisión tomada por Chávez y ratificada este año por Maduro, se hizo sin consultarle al pueblo y los aspectos de importancia nacional, como lo establece la constitución en los artículos del 70 en adelante, obligan al gobierno a consultarle al soberano, sobre todo cuando esas decisiones involucran desmejoras para los venezolanos, ante los organismos internacionales. Nuestra Carta Magna es muy clara en la progresividad de los derechos humanos nunca en su merma y basados en ese principio se tomó la decisión.  Nuestra permanencia en el sistema interamericano está en pleno vigor.

Ustedes han declarado la apertura del canal humanitario, en decisión emanada desde Chile. El régimen ha dicho que no lo permitirá.

Si no accede la administración de Maduro a esa ayuda, el TSJ autoriza la intervención humanitaria a través de los mecanismos y la legislación  internacional que lo permite bajo las condiciones de intervención humanitaria para facilitar la atención inmediata al pueblo venezolano en alimentos y medicamentos tan necesarios, escasos o desaparecidos en el país. La alimentación y la salud son derechos humanos contemplados en nuestra constitución y el Estado no los ha garantizado lo que lo coloca en una situación de inmensa debilidad por el daño causado a los venezolanos.

@NituPerez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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