José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. EFE/Archivo

La Corte Suprema de Justicia de Panamá abrió este lunes sus archivos para que una comisión especial determine cuántas víctimas causó la invasión de Estados Unidos al país centroamericano en 1989.

La Comisión 20 de Diciembre, instalada en 2016 por el Gobierno, hará su investigación en una pequeña oficina ubicada en el recinto donde se guardan los expedientes tramitados en los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial de Panamá, informó una fuente oficial.

El presidente de la Corte, José Ayú Prado, explicó que se acordó con la comisión el acceso a “esa información valiosa que existe en los archivos, que no fueron destruidos y que están aquí perfectamente” guardados, reportó el Órgano Judicial en un comunicado.

Veintisiete años después de lo ocurrido se sigue desconociendo el número exacto de víctimas que dejó la invasión que acabó con el Gobierno militar de Manuel Antonio Noriega. Las cifras de las distintas fuentes oscilan entre los 500 y los 5.000 muertos.

Desde su creación, en julio de 2016, la comisión se ha encargado de recabar los testimonios de “testigos presenciales” y de entrevistarse con distintas instituciones como la Cruz Roja, el Tribunal Electoral y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dijo en diciembre su presidente, Juan Planells.

Los integrantes de la comisión -cinco expertos panameños- podrán echar mano de los expedientes archivados que tienen que ver con dos asuntos esenciales, pero no excluyentes: todos los sumarios por muertes presumiblemente a causa de la invasión y que fueron tramitados por Fiscalías y el Segundo tribunal, y todas las presunciones de muerte que se trataron en jurisdicción civil.

“Los expedientes están perfectamente ordenados, lo que nos da esperanzas de que podamos hacer nuestro trabajo sin mayores inconvenientes, incluso hoy hicimos la búsqueda de dos casos y se pudieron ver en pocos minutos y  revisar cuál era el estatus de los expedientes”, sostuvo Planells.

En un recorrido por las instalaciones, ubicados en el edifico Plaza Conquistador, al noreste de Ciudad de Panamá, Ayú Prado y los comisionados visitaron la sección de digitalización y acordaron la adecuación de un espacio en el que van a trabajar.

La comisión, que cuenta con un presupuesto de 900.000 dólares, tiene entre sus finalidades contribuir al esclarecimiento de la verdad y de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario ocurridas desde el 19 de diciembre de 1989 hasta la retirada de las fuerzas armadas de EE.UU., recordó el Órgano Judicial.

El grupo de expertos también estudia la conveniencia de declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional y desarrolla propuestas de reparación con el apoyo de juristas internacionales, entre otras cosas.

El 20 de diciembre de 1989, EE.UU. puso en marcha la operación “Causa Justa” y envió a 26.000 soldados a Panamá para capturar al dictador Noriega, a quien Washington acusaba de impulsar el narcotráfico en la zona, según el argumento empleado por el entonces presidente estadounidense, George H. W. Bush.

Noriega, que se entregó trece días después de la intervención militar y posteriormente fue condenado en el país norteamericano y en Francia por narcotráfico, fue extraditado a Panamá en 2011 y desde entonces cumple condena por varios delitos de lesa humanidad en una cárcel a las afueras de la capital panameña.

El conocido como “hombre fuerte” fue el último general del régimen militar instalado en 1968 gracias a un golpe de Estado encabezado por el general Omar Torrijos, fallecido en 1981 en un accidente de avioneta.

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