El llamado a una paralización de actividades, el inicio de un "juicio político" contra Nicolás Maduro y la convocatoria a una movilización a Miraflores son algunas de las medidas anunciadas por la MUD. Foto: EFE.

La paralización temporal del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro obligó a sus adversarios a definir estrategias que aceleren el cambio político que demanda la población

Casi tres lustros tuvo que esperar la oposición para incrementar el capital político y mejorar su imagen ante el electorado. En medio de una crisis social, política y económica nunca vivida, la radicalización de la protesta es una de las estrategias ante la suspensión temporal del revocatorio contra Nicolás Maduro.

Ávida de impulsar un cambio político, la coalición que reúne a los principales partidos opositores arrincona al Ejecutivo, exige respeto a la Constitución y al derecho a la participación.

El llamado a una paralización de actividades, el inicio de un “juicio político” contra el dignatario y la convocatoria a una movilización hasta el Palacio de Miraflores-que no ocurre desde el 11 de abril de 2002- muestran a una alianza que se atrevió a desmitificar el artículo 350 de la Constitución y apostó por la desobediencia civil ante los excesos y vejamenes -según ella- cometidos por el gobierno.

Ante la negativa del oficialismo de contarse este año tanto en los comicios regionales como en el revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mostró la carta de la protesta pacífica y se deslindó de la posibilidad de un diálogo sin condiciones.

Aunque recientemente hubo un encuentro exploratorio -con intervención de un enviado del Vaticano- para avanzar hacia conversaciones formales que hagan frente al conflicto interno que atraviesa el país, la MUD manifestó que no se sentará con el oficialismo si no se permite la recolección del 20% de apoyo al referendo.

Las acciones no se reducen al territorio nacional. Una delegación de la Asamblea Nacional viajará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicitará la activación formal de la Carta Democrática a la administración de Maduro por violar derechos fundamentales e incumplir pactos internacionales debidamente suscritos por la República.

Las diferencias de la MUD

La posibilidad de una deliberación entre el gobierno y la oposición es perfectamente comprensible y aceptada en otras naciones, con excepción de Venezuela.

La cercanía entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la MUD generó repudio en líderes políticos y ciudadanos. Consideran que el gobierno llama a los diferentes sectores del país cuando desea ganar tiempo y desactivar cualquier factor que considere riesgoso para la permanencia en la jefatura del Estado.

El segundo vicepresidente de la AN, diputado Simón Calzadilla, reconoció que en el seno de la MUD hay diferencias, pero trabajan en ellas para avanzar en la dirección que permita una redefinición del destino del país.

“Hemos tenido confusiones, pero también hemos tratado de aclararlas y seguir trabajando para que se solucione la crisis política que afecta al país”, indicó.

Expresó preocupación por un eventual desenlace violento ante el permanente bloqueo del camino legal. “Hay una tensión social que se puede ir de las manos si no hay solución”, subrayó.

 “El diálogo permite ganar tiempo”

Dilatar el revocatorio antes del 10 de enero e impedir una convocatoria a elecciones presidenciales es el principal objetivo de la administración de Nicolás Maduro, para ello se valdría del apoyo del controvertido Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser brazo ejecutor de sentencias favorables al chavismo. Otra apuesta sería el llamado a diálogo con sus adversarios a fin de ganar tiempo y “oxigenarse”.

El analista político y autor del libro “Apaciguamiento”, Miguel Ángel Martínez Meucci, enfatizó que el gobierno “disimula e intenta mantener la fachada democrática”.

En el texto, el también docente de la Universidad Simón Bolívar (USB) detalló los intríngulis del diálogo ocurrido en Venezuela entre los años 2001 y 2005. Al revisar la situación actual del país apuntó que Maduro pretende dilatar una salida electoral y pacífica exigida por la mayoría de la población.

“El referendo revocatorio contra Maduro no está sujeto a negociación (…) El clamor ciudadano es que se produzca un cambio de gobierno, esa es la voluntad política de la oposición. Si no hay disposición por parte del chavismo no estarían dadas las condiciones para un diálogo”, aclaró.

Añadió que además de avanzar en la definición del mecanismo para recortar el período presidencial, la bancada opositora debió pisar el acelerador y revisar la designación de los rectores del CNE y los magistrados del TSJ a principios de año.

“La Asamblea debe mantener su capital político con coraje y prudencia. La situación de la dictadura venezolana no es similar a las otras ocurridas en la región que tuvieron estabilidad económica y hasta cierta seguridad. Los diputados tienen que actuar con determinación y no generar mensajes engañosos”, manifestó.

La ciudadanía que colma con contundencia las calles y avenidas del país es más exigente que la que se oponía a Hugo Chávez. Aunque el chavismo argumente que la intención de sus detractores es ejecutar un “golpe de Estado”, la oposición lidia con instituciones parcializadas que obstaculizan cualquier vía constitucional que conlleve a una transición pacífica.

“La Asamblea debe mantener su capital político con coraje y prudencia. La situación de la dictadura venezolana no es similar a las otras ocurridas en la región que tuvieron estabilidad económica y hasta cierta seguridad” afirma el analista político, Miguel Ángel Martínez Meucci.

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