El Gobierno de Panamá anunció que propondrá en el Parlamento un proyecto de ley que aumenta hasta 10.000 dólares las multas a los empresarios que contraten a extranjeros sin permiso de trabajo. EFE/Archivo

Panamá ha dado nuevos pasos para ajustar su política migratoria laboral pero la forma en que lo hace puede afectar la seguridad jurídica, por lo que es tiempo de que se dé una actualización integral del Código de Trabajo, aseguró la experta panameña en contratación laboral internacional Albalira Montúfar.

La especialista del bufete global BDS, con máster en derecho internacional y comparado de la George Washington University (EE.UU.), razonó así consultada por Efe sobre los anuncios que hizo hace pocos días el Gobierno de suspender la emisión de algunas visas laborales o elevar las multas a las empresas que contratan irregularmente a extranjeros.

“Tratándose de trabajadores extranjeros debe hacerse un estudio profundo, luego del cual se determine qué modificaciones requiere la legislación, de forma integral y con la participación de todas las instituciones involucradas: Migración, Ministerio de Trabajo y Caja de Seguro Social”, indicó Montúfar.

La abogada resaltó que el desempleo en Panamá estaba en 5,5 % a agosto de 2016, según las estadísticas oficiales, lo que “reflejarían que el 94,5 % de los trabajadores tiene empleo en nuestro país, un monto alto”.

La licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la estatal Universidad de Panamá también reclamó que “además existan reglas claras por escrito, que no dejen temas importantes a la interpretación del Gobierno de turno”.

“Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo emitió un ‘comunicado’ en donde se modifica la interpretación actual para el recuento de los límites legales sobre la cantidad de extranjeros que puede contratar una empresa, en lo que se refiere a los permisos de trabajo de países amigos y de extranjero profesional”, resaltó.

El método usado “provoca inestabilidad en las reglas laborales y atenta contra la seguridad jurídica que necesitamos para incentivar las inversiones. Si lo que se propone es cambiar las reglas, se deben seguir los mecanismos legales correspondientes”, afirmó.

Con respecto al proyecto de ley para elevar las multas a las empresas que contratan extranjeros sin permiso de trabajo, la abogada consideró “que no se está viendo el tema a nivel estructural”.
“Si bien es cierto que las multas hoy en día no son representativas (50 a 500 dólares) y podrían aumentarse, también es cierto que cuando las empresas requieren contratar a personal extranjero, deben pasar al menos 3 meses para presentar la visa y luego (esperar) que se apruebe el permiso de trabajo, para el caso puntual de la categoría del 10 % o 15 %”, describió.

En este tiempo, “y por las limitaciones de nuestro sistema, se sancionaría a las empresas”.

Su propuesta es que “tal como ocurre en el Servicio Nacional de Migración, se obtenga un carné de trámite para los permisos de trabajo, que no tenga en la ilegalidad ni al trabajador ni a la empresa”.

Recordó que en materia laboral no ha habido mayores reformas en Panamá, pues el Código de Trabajo es de 1972 y las últimas modificaciones fueron en 1995.

“Nuestro país ha cambiado y sería importante actualizar las normas”, acotó.

Observó que el tema de la contratación de extranjeros “ha venido desarrollándose mediante decretos ejecutivos un tanto apartados de las normas del Código de Trabajo y es importante actualizar el Código para enmarcar lo que como país queremos en este sentido”.

“La inmigración controlada para efectos laborales puede tener impactos positivos al país, sin embargo, el exceso y cambio de reglas sin seguir los mecanismos legales pone en riesgo la seguridad jurídica que debemos preservar en un Estado de Derecho”, recalcó.

El Gobierno de Panamá anunció que propondrá en el Parlamento un proyecto de ley que aumenta hasta 10.000 dólares las multas a los empresarios que contraten a extranjeros sin permiso de trabajo.

Debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica, en la última década Panamá se ha convertido en una especie de “sueño latinoamericano” para muchos migrantes, principalmente españoles, italianos, venezolanos, colombianos y centroamericanos, por su flexibilización en la contratación, justificada por la falta de mano de obra calificada.

A pesar de que el crecimiento económico de Panamá registra una desaceleración, el país sigue siendo la gran locomotora regional: en 2015 su producto interior bruto (PIB) creció el 5,8 %, en 2014 un 6,2 % y en 2013 a una tasa de 8,4 %, mientras que la cifra preliminar para 2016 es de 5,2 % y la proyección para 2017 es remontar al 5,8 %.

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