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Activistas en favor de Donald Trump que irrumpieron y asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC comienzan a ser reconocidos por las empresas que los tienen contratados y experimentan las primeras consecuencias de sus violentas acciones: sus empleos ya no quieren contar con sus servicios y pasaron a engrosar la lista de desocupados.

Las imágenes en las redes sociales y en las cadenas de televisión que fueron viralizadas, permitieron a muchas compañías identificar a los violentos partidarios que violaron la seguridad de una de los edificios más emblemáticos de la democracia norteamericana. Muchos de ellos pertenecían a corporaciones en varios lugares del país que no dudaron en sancionarlos con la expulsión de la firma.

Uno de los alcanzados por las medidas ejemplificadoras fue un abogado identificado como Paul Davis, quien en las escalinatas del congreso norteamericano vociferaba su intención de irrumpir en el edificio para interrumpir la sesión en la que se certificaría el triunfo electoral de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. “Todos intentamos entrar al Capitolio para frenar esto”, dijo en sus redes sociales el letrado.

Goosehead Insurance, la firma que lo empleaba, decidió cesarlo de inmediato. “Paul Davis, consejero general adjunto, ya no es empleado de Goosehead”, anunció en un breve comunicado la compañía.

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