El funcionario público venezolano, que ejerce el cargo de Vicepresidente de la República, estaría involucrado en lavado de dinero y narcotráfico, junto a su socio Samark López

Sala de redacción

El abogado y ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo “Willy” Cochez, solicitó ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General panameña se investigue a Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, y a su socio Samark López, mediante una denuncia penal que interpuso el pasado martes.

Cochez fundamentó su denuncia en las investigaciones de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC), que vincularon a López como narcotraficante y testaferro del Vicepresidente de Venezuela El Aissami. Ambos fueron incluidos en la lista negra del organismo, acusados también de lavado de dinero.

“Estas dos personas tienen sus bienes, sociedades y cuentas bancarias aquí en Panamá, sus empresas operan aquí en el piso 24 del edificio Banesco, en la Av. Aquilino de la Guardia. Así como las autoridades panameñas han sido tan diligentes con las órdenes de la OFAC en contra de ciudadanos panameños, queremos que también lo sean con las órdenes que el gobierno de Estados Unidos ha emitido en contra de estos dos señores. Sabemos que no son los únicos pero empezar por ahí es importante”, dijo el abogado  a las puertas del Ministerio Público.

El ex diplomático señaló, además, que El Aissami y López pudieron atentar contra la seguridad colectiva, infracción tipificada en las leyes panameñas bajo la categoría “Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo”. Según la denuncia, algunas de las trece empresas que supuestamente estarían implicadas en narcotráfico y lavado de dinero son: Yakima Trading, Yakima Oil Trading, Profit Corporation, SMT Tecnología y ALFA One.

Cochez cree en la posibilidad de que El Aissami, López  o algunos de sus empleados estén “ofreciendo promesa de dinero o entregando beneficios a funcionarios panameños para evadir las alarmas financieras”. Por esta razón, la acción penal incluye la solicitud de investigar la posible comisión de delito contra la administración pública, bajo la categoría “Corrupción de Servidores Públicos”.

 

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