Un grupo de manifestantes se enfrenta con la policía durante una protesta en contra del Gobierno venezolano este 19 de abril de 2017, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

La MUD denuncia el uso desproporcionado de la fuerza

La intensidad de la represión con la que actúan los cuerpos de seguridad y civiles armados- presuntamente vinculados al partido de Gobierno- para reprimir las masivas movilizaciones opositoras ha dejado, hasta el cierre de esta edición el 20 de abril, más de 500 personas detenidas, un número indefinido de lesionados y nueve fallecidos.

Las exigencias de los grupos que adversan a Nicolás Maduro se mantienen: la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suscribieron las sentencias 155 y 156, la convocatoria a elecciones generales, la apertura de un canal humanitario y la liberación de los más de 100 presos políticos.

Como medida de presión, cientos de ciudadanos han colmado las calles de Caracas y el interior de la República. En todas ha habido un común denominador: el uso desproporcionado de la fuerza con perdigones y gases lacrimógenos.

Las ONG y organismos internacionales han elevado su queja por los métodos que emplean la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para dispersar a los manifestantes. El Ejecutivo, lejos de acoger las recomendaciones, ha respondido con mayor contundencia.

En alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro anunció la activación del Plan Zamora, que consiste en la actuación mancomunada de militares y grupos civiles en planes de “defensa de la nación”.

Las acciones del gobierno no se limitan solo a la dispersión de marchas. Los jóvenes Alejandro y José Sánchez fueron apresados bajo los cargos de instigación pública y agavillamiento, y trasladados a la cárcel de Tocorón, en el centro del país, y conocida por su alta peligrosidad.

El partido Primero Justicia (PJ) aseguró que los hermanos fueron torturados para rendir una declaración falsa e inculpar a líderes opositores en supuestos planes desestabilizadores.

En 2014 también se documentaron expedientes de tratos crueles e inhumanos por parte de la GNB. Tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU), como la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieron a Maduro respetar los derechos humanos de la población.

Víctimas fatales en dos semanas

Al cierre de esta edición, nueve venezolanos habían muerto por protestar o encontrarse cerca de concentraciones opositoras. Familiares de algunas víctimas han responsabilizado a civiles armados, en otros casos, a la policía.

Entre el 4 y el 19 de abril murieron por impacto de bala: Jairo Ortiz (19), en Miranda; Gruseny Canelón (32), Miguel Colmenares (36) y Bryan Principal (14), en Táchira; Daniel Queliz (19) en Carabobo; Carlos Romero (17) en Caracas; Paola Ramírez (23) en Táchira, y Niumer José Barrios, sargento segundo de la GNB, en Miranda.

En el caso de Ortiz, los organismos del Estado capturaron al homicida, quien se desempeñaba como funcionario de la PNB.

¿Elecciones Vs. calle?

La oposición no abandonará la calle, según lo dicho por el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles. Ni siquiera la convocatoria a comicios desmontaría la expresión ciudadana.

Ante este escenario, Maduro ha vuelto a tender puentes para una nueva mesa de diálogo. Incluso, sorprendió al expresar su deseo de ir a comicios, anuncio que la oposición espera que se traduzca en fecha por parte del Consejo Nacional Electoral.

El mandatario lanzó su carta de negociación y ratificó a Jorge Rodríguez, su hermana Delcy Rodríguez, y al ministro de Educación, Elías Jaua, como sus delegados. Estos tres representan a los sectores más radicales en las filas del chavismo.

El proceso para elegir gobernadores venció en diciembre de 2016, y este año corresponde al de alcaldes. El Poder Electoral no hace referencia a estos procesos. El mutis reina en la institución dirigida por Tibisay Lucena.

A diferencia del año pasado, la oposición no está dispuesta a volver a las conversaciones. El centro se mantiene en la protesta pacífica como derecho establecido en la Constitución, hasta que se cumplan los objetivos definidos que permitan un cambio político en el país.

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