Foto: Diario Las Américas.

En una comunicación, la Gran Alianza Nacional GANA le solicitó a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, FATOU BENSOUDA, el envío de una delegación de dicha Corte a Venezuela debido a que en los últimos días se vienen intensificando delitos de lesa humanidad contra civiles desarmados que protestan por la crisis humanitaria que vive la nación, violándose así el artículo 7 del Estatuto de Roma.

GANA agrega además que se adhiere “a la denuncia presentada por 314 parlamentarios iberoamericanos, con motivo de la feroz represión ejercida por el gobierno venezolano a partir de febrero de 2014, con precedentes similares en abril de 2013 (Caso OTP-CR-132/14)”.

Finalmente GANA afirma que su interés fundamental al enviar esta comunicación es “evitar que se siga produciendo un baño de sangre en Venezuela”.

A continuación el texto completo de la comunicación 

SRA. FISCAL
CORTE PENAL INTERNACIONAL
MME. FATOU BENSOUDA
LA HAYA.-

Caracas, 7 de Abril de 2017

Estimada Sra. Fiscal

En nombre de la Gran Alianza Nacional, GANA, le escribimos con carácter de urgencia para informarle que en estos momentos el gobierno de Venezuela está perpetrando abiertamente delitos de lesa humanidad, al violar de la manera más flagrante el artículo 7 del Estatuto de Roma. El presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores asesinan, persiguen, encarcelan y torturan, de forma sistemática y generalizada, a todos aquellos que disienten de su gobierno y de su forma de pensar.

Esto ya era un hecho conocido por la Corte Penal Internacional, puesto que desde al menos 2014, han recibido denuncias bien fundamentadas sobre este respecto. Pero la novedad que nos obliga a escribirles es que en los actuales momentos, estos delitos se han incrementado de manera alarmante, como lo reflejan todos los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Los responsables directos –más no los únicos– de estos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela son: el presidente Nicolás Maduro; el vicepresidente Tareck El Aissami (también acusado por narcotráfico en los Estados Unidos); el diputado Diosdado Cabello; el Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez; el Ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López; el Ministro de Relaciones Interiores, general Néstor Reverol; y el director del SEBIN, General Gustavo Enrique González López.

En concreto queremos, primero, adherirnos a la denuncia presentada por 314 parlamentarios iberoamericanos, con motivo de la feroz represión ejercida por el gobierno venezolano a partir de febrero de 2014, con precedentes similares en abril de 2013 (Caso OTP-CR-132/14). Y segundo, solicitar con carácter de urgencia el envío de una delegación de la Corte Penal Internacional a Venezuela a fin de constatar las denuncias realizadas tanto por estos 314 parlamentarios iberoamericanos, como las introducidas por el Instituto Casla a partir del año 2016.

Al hacer esta denuncia, nuestro interés fundamental es evitar que se siga produciendo un baño de sangre en Venezuela, puesto que la intervención de la CPI puede ser un disuasivo de gran peso para los criminales que cometen delitos de lesa humanidad.

Sin más a que hacer referencia, me suscribo de Usted,

Atentamente,

Enrique Aristeguieta Gramcko
Presidente de la Gran Alianza Nacional
http://VenezuelaGana.org
VzlaGana@gmail.com

Con información de comunicado de prensa.

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