Los firmantes de una carta abierta dirigida a funcionarios del gobierno, a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos proponen un nuevo enfoque de las negociaciones para zanjar la crisis humanitaria del país.

Un grupo de 25 dirigentes académicos, empresariales, sociales, políticos y economistas de Venezuela solicitaron al presidente estadounidense, Joe Biden, que alivie las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y permita el retorno de las empresas petroleras de su nación.

“Llamamos al gobierno de Estados Unidos a que continúe promoviendo negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana y urgimos al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma Unitaria de la oposición a reanudar las negociaciones sin dilaciones”, reza la carta abierta dirigida a Biden, publicada este jueves.

El documento, de sólo dos páginas, invita al establishment político de Estados Unidos a reconocer que “la política de presión máxima y sanciones económicas contra Venezuela no lograron sus objetivos”.

También advierten que, si bien las sanciones contra el gobierno de Maduro impuestas desde 2017 no son el origen de la emergencia humanitaria, “han agravado las condiciones [de vida] para el venezolano común”.

La carta también está dirigida a Nancy Pelosi, vocera de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; al secretario de Estado Antony Blinken; a líderes del Senado, especialmente de sus comisiones de relaciones exteriores; a asesores de Biden y al embajador ante Venezuela, James Story.

Los firmantes del documento se identifican como “representantes del sector privado y la sociedad civil de Venezuela”. Entre ellos, destacan los economistas Francisco Rodríguez, Manuel Sutherland, Luis Oliveros, Víctor Álvarez y José Guerra, electo en 2015 como diputado del partido opositor Primero Justicia.

Asimismo, refrendan el texto Jorge Bottu y Ricardo Cussano, quienes lideraron la principal organización empresarial de Venezuela, Fedecámaras, hace años; el experto petrolero Rafael Quiroz; y los analistas políticos Michael Penfold, Luis Vicente León y José Antonio Gil, estos últimos directivos de la firma Datanálisis.

Otros de los 25 firmantes del documento abierto dirigido a Biden son Blanca Vera Azaf, comunicadora y jefa de redacción del medio digital HispanoPost; Feliciano Reyna, defensores de derechos humanos y fundador de la ONG Acción Solidaria; y el economista y profesor universitario José Manuel Puente.

Luis Vicente León, de Datanálisis, aseguró este jueves en Twitter que el

propósito de la carta que publicaron es “solicitar reactivación urgente de negociaciones racionales que permitan atender crisis humanitaria, estabilizar el mercado petrolero y evitar la desoccidentalización del país”.

También, el analista de los contextos económico y político de Venezuela compartió un enlace de Internet para que se sumen más firmantes a la carta.

Sin “posiciones extremas”

La carta de los dirigentes sociales y políticos de Venezuela sugiere a Biden y al resto de funcionarios estadounidenses concretar “nuevos acuerdos” sobre Venezuela con base en “la buena voluntad”, y recomiendan dejar a un lado las “posiciones extremas” que imposibilitarían alcanzar esos pactos políticos.

Los firmantes destacan que “75% de los venezolanos rechazan firmemente las sanciones sectoriales” contra el gobierno de Maduro, que le impiden a empresas petroleras explotar y comercializar crudo del país suramericano desde 2019.

“Claramente, estas sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano”, argumentan, antes de convidar a Biden a “negociar para el mejor interés del pueblo de Venezuela y a superar las presiones políticas domésticas, que desafortunadamente han obstaculizado el proceso”.

El gobierno de Estados y la oposición, representada en el Parlamento electo en 2015 y en el gobierno interino del diputado opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 50 países, han llamado reiteradamente al poder ejecutivo de Maduro a retomar las negociaciones de Ciudad de México.

Ese diálogo, facilitado por el Reino de Noruega, está congelado desde octubre del año pasado porque la delegación oficialista decidió retirarse luego que Cabo Verde extraditara a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab.

Saab es considerado por Caracas como su enviado diplomático para asuntos humanitarios y también miembro de la delegación para el diálogo en México.

La inmensa mayoría de quienes secundan la carta abierta han sido críticos con el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en materias como los derechos humanos y políticos, y las medidas económicas tomadas durante su gestión.

Recuerdan en el documento que han urgido a Maduro a aceptar reformas políticas y electorales significantes, así como a liberar a prisioneros políticos. También, destacan que han procurado la unificación de la oposición y le han aconsejado “no permanecer secuestrada por posiciones extremas”.

Votos por el progreso

En los últimos párrafos, los voceros del sector privado y la sociedad civil llaman a que haya acuerdos que permitan el regreso de compañías petroleras del hemisferio occidental a fin de “regenerar” ese sector en Venezuela.

“Esto generará empleos y promoverá el desarrollo local. El gobierno venezolano debe permitir que estas compañías manejen sus proyectos y sus contratistas, así como sus ganancias de exportación”, añaden.

“La producción venezolana de crudo podría incrementarse significativamente en unos pocos meses y aún más el próximo año”, opinan. “El crudo venezolano debe estar disponible para Estados Unidos y los mercados mundiales para contrarrestar el efecto de la guerra de Rusia en Ucrania”, añaden.

La carta abierta de los 25 dirigentes venezolanos ocurre un mes luego de que funcionarios del gobierno de Biden se reunieran en privado en Caracas con el presidente Maduro y sus principales colaboradores para conversar, entre otros asuntos, sobre el presente y futuro del sector petrolero y energético local.

Según los remitentes, todo acuerdo energético debe pasar por garantizar apoyos para mejorar la situación humanitaria en el país, como las donaciones de medicinas, alimentos, gasolina y otros bienes y servicios que sean esenciales.

El documento también se conoce días luego de que el presidente Maduro recibiera en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a un grupo de dirigentes sociales asociados con la oposición venezolana. Su gobierno ha hecho votos por “reformatear” el diálogo sobre la crisis política del país suramericano.

La Administración Biden mantiene su curso

El pasado 3 de marzo la Administración Biden extendió la declaratoria de “emergencia nacional” sobre Venezuela, adoptada en 2015 por el entonces presidente Barack Obama a través de la orden ejecutiva 13692.

La Casa Blanca señaló la “erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos” y “la reducción de la libertad de prensa” entre las circunstancias que se dan en el país y que llevan a EEUU a considerar que existe una situación de emergencia.

La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente estadounidense para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.

 

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