Foto: Órgano Judicial

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el decreto 441-2016 DM y SC que regula las donaciones gestionadas por los diputados.

Los magistrados que votaron a favor de declarar inconstitucional este documento suscrito por el contralor Federico Humbert, fueron Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Hernán De León, Oydén Ortega y Harry Díaz, quien actuó como ponente, reseñó Telemetro.

El decreto 441 del 25 de octubre del 2016 fue demandado por parte del abogado Ernesto Cedeño. La decisión de la CSJ surge en medio de publicaciones que revelan desvíos en donaciones y contratos gestionados a través de la Asamblea Nacional. El documento final será pasado en limpio y luego publicado en la Gaceta Oficial.

Según indicó EFE, la Contraloría reaccionó a la decisión con un comunicado en el que aseguró que el único interés que tuvo al emitir este decreto, que incluye un manual de control, fue “poder restringir el uso sin regulación” del dinero público, ya que antes no existía ningún tipo de limitación para disponer de este.

El 25 de octubre de 2016, la Contraloría de Panamá aprobó el decreto, que regula los donativos o subsidios que pueden conceder los parlamentarios a través del presupuesto de la AN, por montos de entre 2.500 a 20.000 dólares.

Según esta normativa, los donativos de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta 2.500 dólares; gastos médicos hasta 2.000 dólares; estudios, hasta 5.000; organizaciones sin fines de lucro, hasta 10.000; ayuda a Juntas Comunales, hasta 15.000; respaldo para organizaciones deportivas, hasta 20.000, y ayuda deportiva para atletas, hasta 5.000 dólares.

Este decreto levantó suspicacias en la opinión publica y el rechazo de sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.

Unas semanas después de su aprobación, la Contraloría anunció que redactó el manual para fiscalizar que cualquier fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN fuera verificado para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.

La Contraloría fue más allá y designó un equipo de seis auditores que dio inicio el pasado lunes a la revisión de los controvertidos donativos y contrataciones de la AN, tras revelarse indicios de corrupción en la emisión de montos millonarios.

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Los auditores investigarán las donaciones y subsidios que superaron los 12 millones de dólares entre 2014 y 2016, según un informe que el Ministerio de Economía y Finanzas le facilitó en su momento al abogado Cedeño.

El parlamento también designó una comisión interna para investigar cualquier irregularidad en el manejo de varios millones de dólares por parte de los diputados a personas y grupos sociales.

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