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La Asamblea Nacional inició el proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional por incurrir en un “golpe de Estado”

La institucionalidad venezolana sufrió una nueva fricción. Dos recientes sentencias que suprimían la inmunidad parlamentaria y transferían ilegalmente las competencias del Poder Legislativo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificaron el vínculo indisoluble entre el Ejecutivo y la alta corte, que ya ha publicado 56 fallos que limitan las funciones de la cámara desde enero de 2016 a la fecha.

Los adversarios políticos del chavismo y la comunidad internacional se unieron en una sola voz para denunciar un “golpe de Estado institucional”. Los instrumentos 155 y 156 encendieron las alarmas de la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien denunció la ruptura del orden constitucional por la redacción de ambas normativas, que posteriormente fueron revisadas parcialmente a petición del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación (Codena).

La AN anunció el proceso para destituir a los magistrados, mecanismo que desde ya resulta engorroso. No bastaría con la declaratoria de los legisladores y el apoyo de dos terceras partes (que la oposición no tiene porque faltan los tres diputados de Amazonas), sino que requeriría la venia de dos de los tres miembros del Consejo Moral Republicano integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

De estos tres representantes, solo Ortega Díaz expresó su preocupación y se desconoce si sus compañeros la apoyarían ante una eventual destitución de los juristas.

Expertos piden a la Fiscal General procesar penalmente a los redactores de las sentencias 155 y 156. Foto: EFE.

“Debe convocarse una Constituyente”

La magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, es enfática al expresar que en Venezuela “el juego democrático se terminó”, y en este escenario lo más conveniente sería la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), iniciativa que permitiría la relegitimación de todos los poderes públicos.

Aseguró que la situación legal del país se ubica “en un golpe de Estado. Siempre se asocia esta definición con el uso de las armas, pero en este caso se utilizó el arma de la destrucción de la institucionalidad”.

Recordó que las decisiones de la Sala Constitucional no pueden ser apeladas, y precisó que las aclaratorias se emplean en la modificación de errores accidentales, no para establecer nuevos criterios.

Explicó que a la AN tiene que destituir a los magistrados no solo por suscribir estas ponencias sino porque muchos no cumplirían con los requisitos de ley para desempeñar el más alto cargo del Poder Judicial.

Consultada sobre el controversial discurso de Ortega Díaz, la exmagistrada precisó que la funcionaria debe pasar del dicho al hecho. “Si ella considera que se rompió el hilo democrático entonces que cumpla su palabra e inicie una investigación penal en contra de los miembros de la Sala Constitucional”, dijo.

El presidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges, junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington DC (EE.UU.). Foto: EFE.

“Venezuela atraviesa un colapso institucional”

El exmagistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Perkins Rocha, no comparte la definición de golpe de Estado. A su juicio, el país sufre un “colapso institucional en el que el Presidente da órdenes al Poder Judicial y estas se cumplan”.

Coincide con Mármol de León al considerar que la Fiscal General está obligada a iniciar una acción penal en contra de los siete miembros de la Sala Constitucional por haber incurrido en delito.

Agregó que los ojos de la comunidad internacional siguen de cerca los acontecimientos en Venezuela. “La OEA tiene un gran reto y es evaluar la continuidad en el sistema de un gobierno que se encuentra fuera del orden democrático. Cabe destacar que los pactos internacionales son de estricto cumplimiento en Venezuela porque fueron ratificados por el Gobierno” recordó.

Alabó el comportamiento de quienes marcharon recientemente. Criticó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, pero resaltó el nivel de resistencia de los manifestantes, quienes lejos de amilanarse vencieron el miedo y ratificaron su derecho a expresarse en las calles de la convulsa Caracas, la ciudad que contrasta con la imponencia del Ávila y las vicisitudes de quienes viven en sus laderas.

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